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Un hombre del condado de Seminole de 45 años enfrenta cargos de fraude por usar $7.2 millones en fondos de ayuda federal de la COVID-19 para comprar una mansión y vehículos de lujo, según la Oficina del Fiscal Federal.
Don Cisternino, de Chuluota, afirmó en una solicitud de préstamo del Programa de Protección de Cheques de pago que su compañía de software con sede en Nueva York, MagnifiCo, tenía 441 empleados y gastos de nómina mensuales de $2.8 millones. Pero los fiscales dijeron que la compañía solo empleaba a Cisternino y su novia no identificada.
Cisternino supuestamente presentó formularios W-2 falsos con nombres y números de seguro social de personas que no trabajaban para la empresa, dijeron los fiscales.
Don V. Cisternino está acusado de usar $7.2 millones en fondos de ayuda de la COVID-19 para comprar esta residencia de 12,579 pies cuadrados en el condado de Seminole, dijeron las autoridades.
Según el programa de préstamos federales, las empresas deben usar fondos de ayuda para gastos que incluyen costos de nómina, intereses sobre hipotecas, alquiler y servicios públicos. Cisternino presuntamente gastó el dinero en una residencia de 12,579 pies cuadrados en el condado de Seminole, además de vehículos como Lincoln Navigator, Maserati y Mercedes-Benz, dijeron los fiscales.
En febrero de 2021, un gran jurado federal acusó a Cisternino de fraude electrónico, robo agravado y transacciones monetarias ilegales. Las autoridades dijeron que Cisternino luego huyó a Croacia, pero fue extraditado el viernes a Orlando para una audiencia inicial.
“El fraude financiero dirigido a los fondos de ayuda por la COVID es un delito grave”, dijo el fiscal federal Roger Handberg en un comunicado. “Nuestra extradición exitosa de [Cisternino] de Croacia a Orlando demuestra que nosotros y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley buscaremos todas las vías legales para localizar y enjuiciar a los involucrados en dicho fraude”.
Si es declarado culpable, Cisternino enfrenta una pena máxima de 20 años en una prisión federal por cada cargo de fraude electrónico, hasta 10 años por cada transacción monetaria ilegal y un período consecutivo obligatorio de dos años por los cargos de robo de identidad agravado.
By Orlando Sentinel