GPS Dominical
Los policías conocen como “carritos de hot dogs de cuatro millones” a esos módulos de vigilancia con cámaras, planta de energía o paneles solares, antena, llantas y una cubierta metálica con logos de seguridad pública. Seguido pueden verse en estacionamientos de plazas comerciales, carreteras y hasta en despoblado.
Uno de esos puestos móviles aparece a las puertas del Cereso de Aquiles Serdán, pero desconocemos si sus cámaras, y otras colocadas en los arcos de entrada, sirvieron para advertir la presencia de movimientos sospechosos en el exterior del penal, donde la tarde del jueves tres sujetos fueron asesinados justo al dejar las instalaciones penitenciarias.
Obviamente algo falló en la vigilancia.
Hay antecedentes similares de las últimas dos décadas de exreclusos que acaban muertos a los días u horas de su liberación. Son muchas las explicaciones a estos casos cuando hay un tiempo suficiente entre la libertad de un blanco criminal y su ejecución; en muchos casos las motivaciones son las pasiones personales, más que las razones de la delincuencia organizada.
Imposibles de prever son las venganzas cosechadas por los que a veces ni con décadas en prisión pagaron las culpas que sembraron ni dieron descanso a sus víctimas.
No hay, sin embargo, un precedente como el que aconteció hace unos días, con tres víctimas, de un ataque tan bien orquestado y a segundos de la liberación del objetivo a derribar: Manuel Villicaña, alias “El Largo Pol” y dos elementos de seguridad… de seguridad personal para el criminal abatido, aunque eran agentes de corporaciones públicas.
En este caso, ni los aditamentos tecnológicos que registraron cada movimiento tendiente a eliminar a Villicaña ni toda la estructura de seguridad extrema que rodea a la prisión estatal, impidieron una ejecución que, además, trató de ser evitada con la complicidad policial. Todos los factores hacen cuestionar nuevamente la contraloría interna de las instituciones de seguridad.
Junto con “El Largo Pol” fue victimado uno de sus hombres, Javier Guillermo Rembao Pompa, quien lo recogió a la salida del penal en la Durango de color blanco con placas sobrepuestas –jamás detectadas por alguna cámara de súper última generación. Otro de sus acompañantes, el municipal Martín Eduardo González López, sirvió de chofer en su día franco y terminó herido.
El tercer muerto fue de los atacantes, al que se llevaron por delante los agredidos, antes de que el policía conductor terminara por perder el control de la unidad y la estrellara en un canal que corre por donde la vialidad de acceso al Cereso toma rumbo a San Guillermo.
El grado de detalle que muestran los videos que circularon da cuenta de la participación de dos vehículos directamente y tal vez de un tercero en el que estaría un “halcón” que daría el pitazo final; pero, obviamente, también hubo un pitazo inicial desde adentro de las instalaciones penitenciarias, donde los celulares de los mortales comunes no tienen señal.
Es importante evidenciarlo porque las comunicaciones están restringidas adentro del penal y varios metros a la redonda por inhibidores o bloqueadores de señal que, desde luego, no son suficientes para impedir las trasmisiones de los radios policiacos, a los que debieron tener acceso los agresores.
Pero hay más, el trámite de liberación de una persona se realiza de manera interna entre autoridades del Cereso y sus superiores, ubicados en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal; así como ante el juzgado que lo procesa o lo sentencia.
La víctima del delito -que en el caso de “El Largo Pol” era ese ente difuso llamado “la sociedad”, representada por otra entidad todavía más ambigua, difusa y corrompida denominada “Ministerio Público de la Federación”- también debe de enterarse por interés propio, pero suele ser la última en hacerlo.
¿Quién les informó a los rivales el día y la hora en que habría de salir su víctima?
No parece haber de otra, o fueron las corporaciones investigadoras y de seguridad o fueron los del aparato de justicia. La propia víctima pudo haber avisado de su salida y ser traicionado en su grupo, pero parece una hipótesis muy lejana dado que debía saber muy bien que estaría siendo liberado como liebre para salir a campo traviesa en territorio dominado por el enemigo.
Por lo que ha trascendido de las fuentes de inteligencia militar y estatal, la ejecución de “El Largo…” en la que murieron dos más habría sido ordenada Salvador Humberto S.V.M, alias “El Verín”, aunque de un tiempo a la fecha le ha dado por llamarse y ostentarse ante otros grupos criminales como “el dueño” de Chihuahua… y por lo visto también del Cereso.
En el sur de la capital, especialmente en la zona de Aquiles Serdán y alrededores, el socio de “El Verín” es Luis Carlos V. R., alias “El Topo”, quien habría sido el encargado de materializar el ataque que además de golpear de forma contundente a la facción enemiga, terminó convirtiéndose en otro mensaje claro de que va a seguir en la dinámica de aplastar a cuanto rival se le ponga enfrente, así sean de los antiguos aliados.
“El señor de la V”, como también le dicen en el bajo mundo, tiene casi dos años a la cabeza de una de las facciones del Cártel de Sinaloa que están en guerra: la suya y la de la Gente Nueva de los Salgueiro, con la que los primos Bryan y Efrén, ambos trasladados al Cefereso del Altiplano, le disputaron desde el penal el control de los negocios en la capital del estado. “El Largo Pol” estaría en este bando desde lo local, junto con otros liderazgos afines a esta rama.
La emboscada revela que la disputa intestina de los grupos sinaloenses sigue en escalada y no deja de dar señales de una mayor complicidad de las corporaciones, de las militares y las policiacas en todos sus niveles, que en gran medida están infiltradas por las organizaciones o están en la nómina de una de las dos.
También revela que tanto una facción como la otra cuentan con agentes de corporaciones en sus nóminas: al menos dos hacían compañía al abatido y otros tantos más debieron haber avisado a sus rivales de su salida, a sabiendas de que no lo iban a esperar en el exterior para darle las buenas tardes.
La guerra entre bandas del mismo cártel ha cobrado ya decenas de víctimas, incluidos otros policías, pero el descaro de operar en las puertas del Cereso fue algo nunca antes visto. Ese descaro sólo es posible en la complicidad; sólo es posible en la complicidad que da el hecho de compartir las sábanas, como lo hacen policías de todos los niveles y el crimen organizado.
Los tres muertos a unos pasos del acceso principal del Cereso de Aquiles Serdán nos arrojan un mal diagnóstico de la prisión estatal. Nada bien puede andar si hasta los sicarios pueden obtener información tan delicada como para matar a una persona, sea quien sea; eso, independientemente de que está cada vez más lejos de cumplir su misión readaptadora y más cerca de ser ese lugar común que la define como la universidad del crimen.
El involucramiento de un policía municipal y otro efectivo al parecer militar -ambos para la custodia del líder criminal que salía no precisamente rehabilitado ni con muchas ganas de reinsertarse como hombre de bien a la sociedad- también arroja luz sobre el nivel de infiltración que padecen las corporaciones.
El control del crimen sobre las instituciones de seguridad es tal que ni los “carritos de hot dogs” con cámaras les importan. Así de sencillo, si no previenen un delito de un grupo tan poderoso, menos sirven para sancionarlo en el lejano supuesto de que alguien llegue a ser detenido.
El hecho debe motivar a la reflexión, más que nada, sobre la capacidad de los órganos internos de control de las corporaciones y las demás instancias creadas para garantizar la fiabilidad de los elementos; no es posible que lejos de disminuir, aumente la grave falta de servir a la delincuencia con un sueldo, placa y pistola a cargo de la sociedad.
Es casi imposible de creer la idea de que no pueden detectar el comportamiento, hábitos, actitudes y niveles de ingreso de elementos involucrados en actividades delictivas.
Además, las investigaciones por casos así no pueden terminar en las unidades de robo de vehículos, por las placas sobrepuestas de la Durango; o de homicidios, como si fueran producto de una riña de cantina las ejecuciones de alto impacto.
Ignorar la presencia, operación, infiltración e influencia del crimen organizado, sin fincarle las debidas causas federales por los delitos que comete, sólo abona a que incremente su poderío.
Con información GPS Dominical/ El Diario de Chihuahua