Según informe, el combate al tráfico de drogas nunca ha tenido como objetivo la erradicación, sino su control y administración
By Staff
Ciudad Juárez.– El combate al narcotráfico entre las décadas de los años 70 y 90, sobre todo en regiones como el “Triángulo Dorado”, fue uno de los contextos en los que elementos del Estado mexicano perpetraron graves violaciones a derechos humanos y, en lugar de enfrentar a traficantes, les forjaron redes de protección.
Tal es una de las conclusiones del informe elaborado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico –que es parte de la comisión establecida por el Gobierno federal desde 2021- y presentado el viernes en la Ciudad de México.
“Este combate al narcotráfico fue discrecional, pues la intención del Estado nunca fue su erradicación, sino su control y administración. Desde los años cincuenta, y en especial a partir de las operaciones antinarcóticos de los años setenta, policías, soldados, agentes y políticos de todos los órdenes estuvieron involucrados en el tráfico de drogas, entablando relaciones clientelares y redes de protección con los traficantes y los grupos delincuenciales”, dice el texto.
“En virtud de tales alianzas, el Estado emprendió un combate selectivo, favoreciendo a los grandes traficantes y cebándose, en cambio, sobre los productores independientes, los traficantes que se negaban a pagar las cuotas que les exigían y los campesinos, que encontraban en el cultivo de mariguana y amapola una forma desesperada de subsistencia —ante el abandono también sistemático e histórico del campo por parte del Estado”, agrega.
El documento se titula “Fue el Estado (1965-1990)”, consta de seis volúmenes e indica que el trabajo del Gobierno ante el narcotráfico –que atribuye a la presión de Estados Unidos- fue uno de los once contextos de los que se desprendió la identificación de once mil 743 víctimas en el país.
Otros entornos sobre los que documentaron agresiones contra la población fueron los de las disidencias político-partidistas, los de las comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas, el de las poblaciones que se opusieron a políticas de desarrollo y los movimientos urbano-populares.
En el apartado de lo registrado “en contra de habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico”, la investigación menciona la participación del hoy fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en planes como la Operación Cóndor, a la cual atribuye haber contado con mil 500 efectivos militares en coordinación con la entonces denominada Procuraduría General de la República (PGR).
“El 30 de septiembre de 1976, el secretario de la Defensa Nacional, Félix Galván López, acompañado por Alejandro Gertz Manero, uno de los hombres clave de la Procuraduría General de la República (PGR) y coordinador de las acciones de la Operación Trizo, anunciaron la realización de la Operación Cóndor, que dirigiría las baterías del Estado para el combate antinarcóticos en Chihuahua, Sinaloa y Durango. Esta fue la operación antidrogas más ambiciosa del Estado mexicano durante el siglo XX, y acaso la más importante por la influencia que tuvo en la política antidrogas, pero también fue la más grave por el dramático costo social que implicó”, dice el texto.
“De acuerdo con la cadena de mando en aquel entonces, los responsables por parte de la PGR en el contexto del Plan DN-PR-I (1975), aplicado prioritariamente en los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, fueron el procurador Pedro Ojeda Paullada (1971 a 1976) y su oficial mayor y coordinador de la campaña antinarcóticos Alejandro Gertz Manero (1975 a 1976)”, agrega.
Otros nombres que menciona el informe son los de quienes comandaron la Quinta Zona Militar de Chihuahua, como el general de División Diplomado en Estado Mayor Presidencial «Félix Galván López (desde el 1 de julio de 1974 al 1 de diciembre de 1976) y el general de División Juan Arévalo Gardoqui, (desde el 1 de diciembre de 1976 al 16 de enero de 1981)».
Como casos específicos, el documento cita las detenciones arbitrarias y tortura perpetradas entre la comunidad ódami, al sur de la sierra Tarahumara, a mediados y finales de la década de los años 70, así como las registradas en el municipio de Guadalupe y Calvo.
“Los pobladores de las comunidades en el municipio de Guadalupe y Calvo, al sur del estado de Chihuahua, fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En particular, de detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada transitoria e intentos de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército y la PJF» (Policía Judicial Federal), dice.
“Algunas personas de la comunidad fueron desplazadas de manera forzada al verse orilladas a dejar su lugar de residencia para escapar de la violencia y sus efectos (…) Otra población que fue desplazada de manera forzada fue la de los indígenas ódami, vecinos de la comunidad. Los ódami huían de los soldados y los agentes federales, dejando sus casas abandonadas”, agrega.
El documento explica también que la política del Estado mexicano con respecto a los estupefacientes se endureció a partir de 1969, cuando, “presionados por la Casa Blanca”, los gobiernos desde Gustavo Díaz Ordaz hasta Carlos Salinas de Gortari desplegaron elementos militares, policías judiciales y agentes de la Dirección Federal de Seguridad en diversas partes del país, “especialmente en el norte, en la zona conocida como el ‘Triángulo Dorado», en la convergencia de Chihuahua, Sinaloa y Durango.
“Durante dichas operaciones se desplegaba una intensa violencia no sólo contra los campesinos sino contra sus comunidades, imponiendo a los pobladores trabajos y tareas forzosas, y sometiéndoles a interrogatorios y torturas con el fin de obtener información”, dice.
La investigación traza, asimismo, un vínculo entre la violencia perpetrada al amparo de estos operativos en las décadas citadas del siglo XX con la registrada a partir del despliegue de militares en 2006.
“La violencia demencial que se ha vivido en las décadas recientes no fue iniciada por los traficantes de drogas, sino por el propio Estado, que para enfrentarlos dio, en las décadas de 1970 y 1980, carta abierta a sus agentes para hacer uso de métodos absolutamente contrarios a la ley y ajenos al estado de derecho, como el uso sistemático de las detenciones arbitrarias, la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial”, dice.
“Esta estrategia fue, en gran medida, dictada, financiada e instrumentada por y desde la Casa Blanca, que en su afán de frenar el flujo de drogas hacia el país que es el principal consumidor mundial, convirtió a México en su terreno de batalla, una batalla perdida de antemano.
Los Estados Unidos han sido corresponsables en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos no sólo porque equiparon e instruyeron a los militares y policías que habrían de combatir en este nuevo frente de guerra sucia, sino porque sus propios agentes, adscritos a la Drug Enforcement Administration (DEA), llegaron a conocer, presenciar e incluso a participar en dichas violacion
Sandra Rodríguez Nieto | El Diario
Foto de cortesía